El culebrón del caso judicial denominado ‘proceso antimonopolio’ ganó otro capítulo este jueves (26). Blanco de dos acciones distintas de la misma naturaleza, protagonizadas por antiguos luchadores contra la organización, UFC llegó a un nuevo acuerdo para intentar poner fin a una de ellas, el llamado ‘caso Le’, en alusión a Cung Le, uno de los deportistas que lideraron dicho proceso.
Para intentar evitar el proceso judicial, la liga presidida por Dana White anunció que acordó pagar 375 millones de dólares a los demandantes.
Además del ‘caso Le’, el proceso antimonopolio también ha incluido en su cuerpo el ‘caso Johnson’, en referencia a Kajan Johnson, uno de los luchadores que lideró esta acción. El proceso de Le comenzó hace casi una década. Cinco demandas colectivas separadas entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 finalmente se consolidaron en una sola. Posteriormente, en una segunda acción separada, interpuesta en 2021, surgió el ‘caso Johnson’. En total, los casos abarcan a unos 1.200 exdeportistas de UFC.
El acuerdo previamente negado
Dispuesta a evitar un juicio ante los tribunales, la UFC ya había llegado a un acuerdo con los demandantes. En marzo de esta temporada, la empresa anunció que estaría dispuesta a pagar 335 millones de dólares para poner fin a las dos acciones interpuestas contra la empresa en el ‘proceso antimonopolio’, tanto la ‘Le caso’, así como el ‘caso Johnson’.
A pesar de la pérdida aparente, el movimiento entre bastidores de UFC estaba justificado, ya que las demandas presentadas contra la organización en su conjunto pedían una indemnización de hasta 1,6 mil millones de dólares.
Pero el ataque de UFC no fue aceptado. Dadas las cantidades involucradas, Richard Boulware rechazó el acuerdo previamente alcanzado entre las partes, alegando que, a su entender, el pago le parecía de escaso valor para la naturaleza del caso.
El juez a cargo del caso, el profesional reprogramó la continuación del caso en el juzgado para el 3 de febrero de 2025. Al enterarse de la acción de Richard, Dana White hizo público, en su momento, insinuar que el juez podría estar motivado por factores personales, pues ambos estudiaron juntos en la secundaria.
Después del veto inicial, UFC aumentó el valor de la oferta de acuerdo y también escindió las acciones. Por tanto, si Richard Boulware acepta la nueva propuesta y revoca el proceso de acudir a los tribunales, la empresa presidida por Dana White aún tendrá que responder ante los tribunales por el ‘caso Johnson’ o, si lo prefiere, presentar otro acuerdo para poner fin a la otra «mitad» del proceso.
Después de todo, ‘TKO Group Holdings’ -la empresa matriz de UFC- presentó una declaración ante la ‘Comisión de Bolsa y Valores’ revelando que la organización había llegado a un acuerdo con las partes sólo en el pleito liderado por Cung Le, sin citar la acción liderada por Kajan Johnson. También existe, por supuesto, la posibilidad de que el juez vete el nuevo acuerdo y provoque que la liga quede pendiente con ambas demandas presentadas en su contra.
“El 26 de septiembre de 2024, ‘TKO’ llegó a un acuerdo con los demandantes para resolver todas las reclamaciones interpuestas en el caso ‘Le’ por un monto total de 375 millones de dólares a pagar en cuotas durante un período de tiempo acordado por la Compañía. y sus subsidiarias luego de la decisión del tribunal de denegar un acuerdo propuesto previamente. Los términos actualizados del nuevo acuerdo han quedado registrados en un contrato extenso, que se presentará al tribunal para su aprobación. La Compañía prevé que el monto del acuerdo será deducible a efectos fiscales”, destaca un extracto del comunicado difundido por ‘TKO’.
Motivación del proceso
UFC está siendo atacada ante los tribunales por los demandantes en la ‘demanda antimonopolio’, que alegan que la empresa utiliza prácticas ilegales para reducir el margen de crecimiento de sus competidores y, así, establecer su monopolio en el mercado. El procedimiento se basa en supuestas violaciones de la ‘Ley Sherman’, que prescribe la norma de libre competencia entre quienes intervienen en el comercio, así como la regulación de la competencia entre empresas del mismo sector.
Los esfuerzos legales fueron liderados por expeleadores como Cung Le, Kyle Kingsbury, Kajan Johnson, Brandon Vera, entre otros. Los atletas acusan a la liga de estar involucrada en un plan ilegal para adquirir y mantener un monopolio en el mercado de los atletas de élite mediante contratos exclusivos, coerción y adquisiciones. Los acusadores de la demanda antimonopolio presentada contra UFC informan que dichos contratos eran parte de un plan ilegal para reducir los salarios y derechos de los peleadores.
