El caso legal denominado ‘demanda antimonopolio’ -una demanda presentada por expeleadores de UFC contra la organización- ganó un nuevo capítulo esta semana.
Tras rechazar un acuerdo multimillonario alcanzado entre las partes implicadas, Richard Boulware fijó oficialmente una nueva fecha para el juicio. Juez a cargo del caso, el profesional reprogramó la continuación del proceso en el Juzgado para el 3 de febrero de 2025.
Según el sitio web ‘MMA Fighting’, la nueva fecha del juicio fue fijada por el juez el pasado lunes (19). Según el sitio web, Boulware habría informado a las partes involucradas, demandantes y demandados, que la fecha no cambiará a menos que apruebe un nuevo acuerdo para el proceso.
¿Es posible llegar a un acuerdo?
Después de convertirse en el blanco de una demanda presentada por expeleadores de UFC, quienes acusaron a la liga de estar involucrada en un plan ilegal para adquirir y mantener un monopolio en el mercado de los atletas de élite a través de contratos exclusivos, coerción y adquisiciones, UFC llegó a un acuerdo y acordó pagar a los demandantes la cantidad de 335 millones de dólares.
Con el acuerdo sellado entre las partes, la tendencia era que el proceso se cerrara sin necesidad de acudir a los tribunales. Sin embargo, el juez a cargo del caso vetó la negociación entre las partes, alegando que, a su entender, el pago parecía tener un valor escaso para la naturaleza del caso.
Al enterarse de la acción de Richard, Dana White insinuó públicamente que el profesional podría estar motivado por factores personales, pues ambos estudiaron juntos en la secundaria.
Por tanto, para evitar que comience el juicio, los demandantes (exdeportistas) y los demandados (representantes de UFC) tendrían que llegar a un nuevo acuerdo y presentarlo al juez.
Si Richard Boulware considera justo el valor de la nueva propuesta, puede firmar su aprobación y dar por terminada oficialmente. De lo contrario, el caso llegará a los tribunales en febrero de 2025.
Resumen del proceso
Las tácticas de negociación adoptadas por la UFC están en el centro de una disputa legal. Los demandantes alegan que la compañía violó la ley al «bloquear» a los atletas en contratos a largo plazo, impidiendo que los competidores compitieran en el mercado de MMA y también buscando luchadores de élite.
Los acusadores de la demanda antimonopolio contra UFC informan que dichos contratos eran parte de un plan ilegal para reducir los salarios y derechos de los peleadores.