La telenovela del caso judicial denominado ‘demanda antimonopolio’ ganó un capítulo muy relevante este jueves (6). Después de todo, en la fecha en cuestión, la UFC finalmente recibió la aprobación final del juez Richard Boulware para el acuerdo firmado entre la empresa y los peleadores. Objetivo de dos acciones distintas de la misma naturaleza, la liga presidida por Dana White ha puesto definitivamente punto final al ‘caso Le’, en referencia a Cung Le, uno de los deportistas que lideró el proceso. Para ello, la compañía tendrá que pagar una suma de 375 millones de dólares a los demandantes.
El acuerdo entre los peleadores y UFC ya se había alcanzado el pasado mes de octubre, con el juez dando el visto bueno preliminar. Sin embargo, ahora, con la aprobación definitiva y final de Boulware, esta última medida cierra oficialmente el caso y el dinero ahora será distribuido entre los atletas involucrados en el litigio. Durante el procedimiento del jueves, los abogados de Ultimate enfatizaron ante el tribunal que la organización quiere que los luchadores involucrados en esta demanda colectiva presenten demandas para recibir el dinero que se les debe.
El monto exacto que se pagará a cada deportista aún se definirá después de deducir los honorarios legales. Y factores como el número de peleas celebradas durante el periodo en que el proceso estuvo abierto también afectarán la cantidad que probablemente recibirá cada peleador con el acuerdo definitivamente aprobado. Incluso antes de que el ‘caso Le’ alcanzara un denominador común en los tribunales, los abogados de los luchadores involucrados en el caso proyectaron, en promedio, cuál sería el monto promedio pagado a cada uno de sus clientes.
“Según el acuerdo, los miembros del ‘caso Le’ recuperarían (en promedio), después de la deducción de todos los honorarios y costos, 250.000 dólares. Treinta y cinco miembros del grupo recibirían más de un millón de dólares; casi 100 combatientes recibirían más de 500 mil dólares; más de 200 combatientes recibirían más de 250 mil dólares; más de 500 combatientes recibirían más de 100 mil dólares; y casi 800 recibirían más de 50.000 dólares. “Según cualquier medida razonable, el acuerdo, si se aprueba, pondría dinero “que cambiaría la vida” en manos de las familias de varios cientos de luchadores”, dijo el equipo de defensa, según MMA Fighting.
Segundo proceso abierto
Además del ‘caso Le’, que llegó a su conclusión esta semana, el proceso antimonopolio también ha insertado en su cuerpo el ‘caso Johnson’, en alusión a Kajan Johnson, uno de los luchadores que lideró esta acción. El proceso de Le comenzó hace casi una década. Cinco demandas colectivas separadas entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 finalmente se consolidaron en una sola. Posteriormente, en una segunda demanda separada presentada en 2021, surgió el ‘caso Johnson’. En total, los casos involucran a unos 1.200 exatletas de UFC.
El segundo caso antimonopolio, el «caso Johnson», está actualmente en trámite en los tribunales, y los procedimientos aún continúan mientras ambas partes se acercan a un posible juicio. Es posible que se llegue a un acuerdo por separado, como en el ‘caso Le’, pero por ahora tanto los luchadores como la UFC continúan preparándose para un posible juicio en el futuro.
La motivación detrás del proceso
UFC se ha convertido en un objetivo legal para los demandantes en el marco de la ‘demanda antimonopolio’, quienes afirman que la compañía utiliza prácticas ilegales para reducir el margen de crecimiento de sus competidores y, así, establecer su monopolio del mercado. Las demandas se basan en supuestas violaciones de la ‘Ley Sherman’, que prescribe la regla de la libre competencia entre los involucrados en el comercio, así como la regulación de la competencia entre empresas del mismo sector.
Los esfuerzos legales fueron liderados por ex luchadores como Cung Le, Kyle Kingsbury, Kajan Johnson, Brandon Vera, entre otros. Los atletas acusan a la liga de participar en un plan ilegal para adquirir y mantener un monopolio en el mercado de atletas de élite a través de contratos exclusivos, coerción y adquisiciones. Los fiscales en la demanda antimonopolio presentada contra la UFC afirman que dichos contratos eran parte de un plan ilegal para reducir los salarios y los derechos de los luchadores.
