Con el objetivo de evadir las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades estadounidenses como una forma de combatir la propagación de la nueva pandemia de coronavirus, Dana White planeó utilizar las instalaciones del Tachi Palace Casino Resort como sede de UFC 249. Por ser parte de un territorio de reserva indígena, el sitio, por ley, no estaría sujeto a la interferencia directa del gobierno de California, que promulgó la orden de cuarentena en el estado. A pesar de esto, el gobernador Gavin Newsom, al parecer, fue fundamental en la cancelación del evento previamente programado para el 18 de abril, que el presidente de Ultimate retiró oficialmente de la agenda el jueves pasado (9).
Según ‘The New York Times’, el gobernador de California expresó su preocupación con la realización de UFC 249 directamente con Disney, la compañía que posee la mayoría de las acciones de ESPN, socio de transmisión de Ultimate. También según el periódico, que cita a tres personas familiarizadas con la situación como fuentes, Gavin Newsom llamó personalmente a la cúpula de Disney y les pidió que detuvieran los planes de Dana White.
El informe coincide con el discurso de Dana al anunciar la cancelación del número 249, así como con cualquier otro evento programado para el futuro cercano. En él, el director mencionó que había sido presionado por ejecutivos de más alto nivel de Disney y ESPN para que abandonara sus planes de reanudar las actividades de Ultimate en medio de la pandemia de COVID-19.
A pesar de haber sido derrotado en esa batalla, Dana no parece estar dispuesta a renunciar a su plan de liderar la primera liga deportiva en regresar al trabajo después de la interrupción forzada de la pandemia. En un video publicado en las redes sociales de Ultimate, el sombrero de copa reforzó la creencia de que podrá reanudar sus actividades tan pronto como la infraestructura necesaria para realizar los espectáculos esté en la llamada ‘Isla de la lucha’, una lugar privado donde la entidad tiene la intención de promocionar sus espectáculos sin interferencia de los funcionarios del gobierno.
