La «demanda antimonopolio» presentada contra la UFC en los tribunales estadounidenses tuvo otro desarrollo esta semana. De acuerdo con registros en línea, más de 50 expeleadores de UFC, incluido el brasileño Wanderlei Silva, enviaron cartas de apoyo al nuevo acuerdo propuesto por la compañía para tratar de poner fin a la demanda llamada ‘El caso Le’, en alusión a Cung Le, uno de los deportistas que lideró dicho proceso. El periodista John Nash fue el primero en dar la noticia.
La medida tiene como objetivo evitar que el caso, una de las dos demandas separadas de la misma naturaleza, lideradas por excombatientes contra la organización, llegue a juicio en los tribunales. La mayoría de los demandantes citaron problemas financieros y de salud para justificar su interés en la pronta conclusión de las elecciones.
Esto se debe a que el cierre del caso en los tribunales aún podría llevar varios años e, incluso después del juicio, las posibles apelaciones podrían retrasar aún más el proceso. Además, la sentencia no necesariamente otorgaría una cantidad superior a la ofrecida en el acuerdo propuesto por la UFC ni siquiera ganaría a los demandantes.
Por lo tanto, los excombatientes decidieron actuar y apoyar el nuevo acuerdo, que les pagaría 375 millones de dólares. Además de Wanderlei Silva, la lista de exatletas de UFC que han enviado cartas a la corte incluye nombres como Shane Carwin, Cat Zingano, Matt Brown, Patrick Cote, Jon Fitch y el propio Cung Le.
Carta de Wanderlei Silva
El miembro del Salón de la Fama de la UFC, el brasileño Wanderlei Silva fue uno de los que envió una carta de apoyo al acuerdo propuesto por la organización para poner fin a la demanda presentada por los expeleadores. A sus 48 años, el excampeón de PRIDE afirma que sufre problemas de salud relacionados con más de dos décadas como profesional en deportes de combate, seis de esos años compitiendo para la UFC.
«Mientras luchaba para la UFC, sufrí muchas lesiones importantes, incluidas conmociones cerebrales. Me temo que durante mi carrera he sufrido una lesión cerebral traumática (TBI) y estoy notando síntomas comunes con TBI y CTE (Encefalopatía Traumática Crónica), incluyendo depresión, cambios de humor e irritabilidad. Hasta la fecha, no se ha encontrado ningún tratamiento para la encefalopatía traumática crónica. Sufro de apnea del sueño y tengo dificultad para dormir y respirar. Estos recursos también me permitirían obtener la atención médica que necesito y mantener un techo sobre mi cabeza y comida en mi escritorio. La triste realidad es que los recursos en unos pocos años pueden no ser útiles para mí», dijo Wanderlei.
Excampeón en dificultad
Quien también se pronunció fue el excampeón interino de peso pesado Shane Carwin. A sus 49 años, el estadounidense reporta sufrir serios problemas de salud y económicos para justificar su premura en resolver el caso.
«Las pruebas cognitivas realizadas en el Centro Lou Ruvo de la Clínica Cleveland para la Salud Cerebral y la Fundación Legacy de la Universidad de Boston (entre otros) indican que he sufrido daños en la corteza prefrontal y el hemisferio izquierdo. Pasé días en cama sufriendo ataques de paranoia, miedo y ansiedad. A pesar de tener un título en ingeniería de la Escuela de Minas de Colorado, no pude mantener la concentración adecuada para mantener un trabajo como ingeniero. Enfrento serios desafíos para cubrir los gastos diarios de alimentos, vivienda y transporte, y en habilidades básicas para la vida», dijo Carwin.
Entiende el caso
La UFC está en el punto de mira de los demandantes en la «demanda antimonopolio», que alegan que la empresa utiliza prácticas ilegales para reducir el margen de crecimiento de sus competidores y establecer así su monopolio de mercado. Las demandas se basan en presuntas violaciones de la Ley Sherman, que prescribe la regla de la libre competencia entre los involucrados en el comercio, así como la regulación de la competencia entre empresas de la misma industria.
Los esfuerzos legales fueron liderados por exluchadores como Cung Le, Kyle Kingsbury, Kajan Johnson, Brandon Vera, entre otros. Los atletas acusan a la liga de estar involucrada en un esquema ilegal para adquirir y mantener un monopolio en el mercado de atletas de élite a través de contratos exclusivos, coerción y adquisiciones. Los demandantes en la demanda antimonopolio presentada contra la UFC informan que tales contratos eran parte de un plan ilegal para reducir los salarios y los derechos de los luchadores.
